Personal presenta dos teléfonos móviles para mirar la televisión digital (y los goles del Mundial)

Impedidas, por ahora, de dar televisión en algún formato que involucre a sus redes, las empresas de telefonía móvil buscan alternativas para aprovechar aunque sea parte del negocio que se abre con la tele de cara al Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Es lo que, por caso, anunciará en unas horas Personal, que comenzará a vender dos modelos de teléfonos dotados de una antena receptora que permitirá ver la televisión digital que, por ahora, sólo emite en ese formato Canal 7.
Los modelos que comenzarán a comercializarse desde finales de mayo son el LG GM600 (también conocido como Scarlet II) y el Samsung i6230 StarTV. Ambos captan la señal de televisión digital SATVD-T que hoy ya transmite Canal 7 y que, entre otras cosas, permite ver los partidos de fútbol del torneo de Primera A y, en poco tiempo más, los del Mundial de Sudáfrica.
Aunque sin las 50 cuotas sin interés que ofrecen las cadenas de retail para adquirir un televisor de LCD, Personal ofrecerá estos dos teléfonos a un precio de $799 aunque habrá que contratar un abono de $59 por mes. No servirá para ver cómodamente un partido en el sillón de casa pero sí para no perderse las alternativas cuando la Argentina juegue a las 8.30 y uno se encuentre en pleno viaje al trabajo, en subte, tren o colectivo.
Para ver la televisión digital, hay que levantar la antenita que se encuentra en la parte posterior del equipo y listo. Toda la pantalla será ocupada por la imagen. Se trata, en ambos casos, de equipos que funcionan en las redes 2G aunque con características importantes como que poseen conectividad WiFi y, en ese caso, quienes acceden a internet desde este tipo de dispositivos podrán hacerlo sin problemas. Ambos poseen pantalla táctil, permite ver documentos en formato Word, Excel, Power Point, PDF y Txt, y posee radio FM incorporada.
De esta manera, Personal ofrece una opción para ver televisión a través del móvil pero sin entrar en conflictos regulatorios porque el servicio funciona con una antena, como la de cualquier otro televisor. La recepción se realiza, así, por las vía tradicionales sin ocupar la infraestructura de red celular.
El año pasado, Claro había presentado un teléfono de la marca ZTE con receptor de televisión. Se trataba, eso sí, de un equipo que, también dotado de antenita, permitía ver los canales de aire en formato análogo, es decir, Canal 13, Canal 11, Canal 7, Canal 9 y Canal 2.
Es de esperar que, teniendo en cuenta que el Día del Padre prácticamente coincidirá con el inicio del Mundial de Fútbol, este equipo se posicione para ser "el" regalo de ese día. En las próximas semanas lo sabremos.

Las inversiones de las cableoperadoras se ponen en duda con la ley de medios

Judicialización, inversiones en riesgo, y expectativa de que las cosas se revisen. Es lo que dejaron las Jornadas de ATVC, la asociación que reúne a las operadoras de televisión paga del país y que aprovecharon el marco de la aprobación de la ley de medios ya no sólo para denunciar las formas en que se aprobó la normativa sino también para ratificar que la Justicia será, al igual que para todos los conflictos que se dan con el Gobierno sin importar el sector, el lugar por el que se transitará para defenderse, como también para poner en duda las inversiones comprometidas a futuro.

Las tres operadoras de televisión paga más importantes del país -Cablevisión, Supercanal y Telecentro- prevén realizar inversiones por unos U$s200 millones el año próximo para ampliar cobertura, continuar con la digitalización de las redes y lanzar productos y servicios. Sin embargo, y pese al interés por continuar invirtiendo, advirtieron que esos montos entrarán inexorablemente a revisión si la ley avanza y se promulga tal como se aprobó, según explicaron sus máximos ejecutivos a GENERACION A.

"Este año invertimos U$s150 millones, y el año próximo prevemos realizar desembolsos similares", dijo Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, quien también aclaró que "la ley tal como está planteada desalienta inversiones".

Por su parte, Luis Galli, director de UNO Medios, controlante de Supercanal, empresa que este año desembolsó $50 millones para ampliar su red y digitalizarla, aseguró que "de los $50 millones hemos invertido $30 millones y teníamos previsto destinar otros $50 millones para el año próximo. Pero con la sanción de la ley revisaremos lo que falta para este año y el presupuesto del próximo". Además, sostuvo que esta medida también afectará el nivel de empleo. Supercanal cuenta hoy con una base de 450.000 clientes, de los cuales 12.000 ya contrataron el servicio de triple play.

Con más cautela, desde Telecentro señalaron que esperarán la promulgación de la ley para terminar de definir el impacto final que tendrá sobre su operación. Jorge Méndez Valles, director de Telecentro, indicó que "venimos invirtiendo a razón de U$s 20 millones por año, y cuando se promulgue la ley veremos qué consecuencias podría tener en la empresa". Telecentro posee 240.000 abonados, de los cuales 95.000 están suscriptos al triple play, prestación que lo colocó como pionero en el rubro. Por esa razón, el ejecutivo cuestionó que las operadoras de telecomunicaciones, como Telefónica y Telecom, hoy estén ofreciendo el servicio triple asociadas con DirecTV. Méndez Valles entiende que estos acuerdos representan una manera de "vulnerar la ley".

La cámara de internet pide que las empresas de telecomunicaciones no monopólicas puedan dar TV

La Cámara de Empresas de Internet (CABASE) advirtió, durante las audiencias que se están realizando en el marco de la ley de servicios de comunicación audiovisual -o ley de medios- que reducir el debate al ingreso de Telefónica y Telecom es negar la existencia de otras operadoras de telecomunicaciones que no son ni Telefónica ni Telecom pero que han realizado inversiones en el país y atienden segmentos de la población a los que no llegan las grandes empresas. "Una oposición al ingreso de las telefónicas al mercado de la TV por cable puede ser válida para el caso de las empresas Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, pero no para el resto de las empresas licenciatarias de servicios de telecomunicaciones", explicó la Cámara durante una de las audiencias.

Y es así. Cuando se desreguló el mercado de telecomunicaciones en el año 2000, varias empresas invirtieron y desplegaron infraestructura de red en diversos territorios, si bien algunas se concentraron en la zona de la Capital y GBA. iPlan, Telmex, SkyOnline, Global Crossing, la ex Comsat (hoy British Telecom), Sion y hasta Metrotel forman parte de ese grupo de empresas que prestan servicios de telecomunicaciones de diverso tipo, desde banda ancha hasta soluciones de valor agregado. Y en todos los casos lo han hecho con suficiente eficiente como para defender al negocio durante la crisis del 2001/02, la posterior consolidación del mercado y la actual crisis internacional. Tal como lo expresó la colega y amiga Andrea Delfino hoy en su blog.

La cámara alertó que si bien las grandes empresas están inhibidas desde su constitución para prestar servicios de radiodifusión esa restricción no corre para el resto de las compañías. La razón de esa prohibición radica en "la situación monopólica que se les garantizó por la compra de los bienes de la antigua empresa estatal de telecomunicaciones (ENTel)", indicó. Situación que continúa extendiéndose en varias zonas del país en la actualidad.

El resto de las empresas que no son Telefónica y Telecom no tienen esa prohibición debido a que cuando se instituyeron no gozaron de ninguno de esos beneficios, básicamente, de tener un mercado residencial cautivo y por ende una renta garantizada.

"Por el contrario -aseguró la CABASE- las entrantes sufrieron la presión ejercida por las monopólicas al aplicarles fuertes condiciones para contratar servicios e interconexión. Pero aún así y por la aplicación de conceptos innovadores en la gestión operativa y por las importantes inversiones realizadas en la tecnología aplicada a sus redes, estas nuevas empresas competitivas lograron mejorar de manera considerable la calidad de prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país e, incluso, hacerlo a precios menores a los que vendían sus servicios las monopólicas". Y por ello, insistieron en que no se debe meter a todas las operadoras de telecomunicaciones en la misma bolsa. Es así: una cosa son Telefónica y Telecom, y otra muy distintas las llamadas entrantes. Las primeras generan una facturación conjunta de unos $17.000 millones mientras que las segundas apenas si rozan el 2%, es decir, unos $350 millones con suerte, de acuerdo a datos de la cámara.

Aún así, insistieron en que crearon una infraestructura de tal nivel que están en condiciones de ofrecer el servicio de triple play (internet, telefonía y televisión) a precios competitivos. Y por esa razón, se preguntan por qué impedir a estas empresas, no monopólicas, brindar este tipo de prestaciones.

La Cámara subrayó que este grupo de empresas "nunca llegará a superar el 35% de los usuarios del país, por cuestiones tecnológicas y de derecho. Y sus clientes se verán beneficiados con una oferta de servicios de calidad y a precios menores a los que accederían contratándolos por separado".

Y aquí advierten que "lo que no debe permitirse es el séxtuple play". Argumentan, en ese marco, que Telefónica y Telecom podrían dar una oferta que combine telefonía fija más banda ancha más televisión por cable más telefonía móvil más internet móvil más radiodifusión móvil, propuesta considerada como "anticompetitiva" por la cámara. "Si se permitiera el ingreso de las empresas monopólicas de telefonía fija y/o móvil al mercado de los servicios de radiodifusión, abiertos o complementarios, entonces allí la Argentina perdería toda posibilidad de un mercado de radiodifusión competitiva y con una oferta pluralista", enfatizaron.

Por eso insistieron en que las empresas de telecomunicaciones entrantes, no monopólicas, podrían ser autorizadas a brindar servicios de televisión sin el riesgo de crear situaciones de posición dominante. Por el contrario, destacaron que la mayor competencia será beneficiosa para el sector.

La postura es absolutamente legítima y real. Ojalá hayan legisladores que, sin importar el color político que los identifique en la actualidad -porque algunos son un poroto al lado de los camaleones-, sean concientes de su rol como representantes del pueblo, y entiendan que un mercado más abierto, con regulaciones estrictas, vigiladas por un organismo técnico es la mejor solución para un país que necesita apoyarse en las tecnologías de la información y las comunicaciones para continuar desarrollándose.

El Gobierno tendrá su operadora de televisión satelital para emitir señales educativas

El Gobierno nacional quiere tener su propia operadora de televisión satelital, gratuita, para distribuir señales educativas, culturales e informativas. Lo hará a través de Sistema Nacional de Medios Públicos, la sociedad del Estado creada en el año 2001 que administra los estatales canal 7 y Radio Nacional y que, al igual que esta nueva disposición, se ampara en la ley 22.285 de Radiodifusión, dispuesta por la dictadura, y que este mismo Gobierno quiere derogar a través de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La decisión se hizo saber hoy a través del Boletín Oficial. Por medio del decreto 943/2009, el Estado autorizó al "Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación, funcionamiento y operación de un Sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas". La intención es llegar con un paquete "reducido" a "las personas y regiones menos desarrolladas del país".

La transmisión de las señales se hará a través del satélite AMC-6 (longitud orbital 72° oeste) y la programación se subirá a través del Telepuerto que la empresa satelital estatal ARSAT posee en Benavídez.

Entre los fundamentos para tomar la decisión se indicó que "la utilización de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una distribución más democrática del saber". Y también que "la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos alternativos de calidad alternativos a los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía".

En principio, no se podrían cuestionar estos fundamentos porque está claro que el acceso a la información debe estar disponible para todos los habitantes del país y que es el Estado el que debe garantizarlo. Y también está claro que el satélite es la tecnología que permite llegar a los lugares más difíciles de abordar por su geografía. Pero lo curioso es que, pese a que se cuestionan en los mismos fundamentos determinados aspectos de la ley 22.285 de Radiodifusión por haber sido creada en el última dictadura y tener limitaciones severas, se ampara en esa misma normativa para dar curso a esta disposición.

Lo cierto es que el Gobierno quiere tener más recursos a su disposición para llegar con sus contenidos al grueso de la población. Aunque hay que recordar que ya tiene suficientes: si uno se pone a pensar en todos los medios radiales, televisivos y gráficos que administra a través de la pauta oficial, o porque sus dueños son amigos del poder de turno, no parecería necesitar más. Pero bueno, así se ha decidido, pese a que en el decreto no hay fechas ni plazos.

El Gobierno K en guerra contra Clarín - 4º parte (final)

Entre tanta pelea originada desde el corazón mismo del Gobierno, las cámaras que nuclean a las empresas tratan de definir sus posturas sin querer entrar en choque con las más altas esferas administrativas para prevenir nuevos ataques al sector o a alguno de sus integrantes. Sus más altos directivos lo expresan de la siguiente manera.

"No tenemos una posición específica aún sobre la última resolución del Comfer, la estamos evaluando. Pero entendemos que el avance de la tecnología y la digitalización de las redes merece que se evalúa el  marco regulatorio para que puedan darse múltiples servicios con el objetivo de que el usuario tenga más opciones y beneficios", dijo Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), que nuclea a las principales empresas de telecomunicaciones, entre ellas a Telefónica y Telecom.

El directivo insistió que "la situación del mercado merece que se revea el marco regulatorio en función de las nuevas posibilidades tecnológicas, como el triple play. Por ello es necesario que haya más competencia y más oferta de servicios púbicos. Respecto al anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual el proyecto en sí mismo encierra uno de estos aspectos, y desde la Cámara hicimos un aporte que ahora requerirá un estudio más extenso".

La publicación de la resolución 275/2009 fue sorpresiva para el mercado de las telecomunicaciones en general. Tanto, que en la última reunión de CICOMRA de esta semana, los representantes de Telefónica y Telecom no estaban al tanto del texto cuando otros colegas tiraron el tema sobre la mesa.

Puntos salientes de la resolución 275/09

La resolución  275/2009 del Comfer permite adjudiar, ampliar, extender y habilitar licencias para servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico, es decir, el cable de las cableoperadoras o la fibra óptica de las empresas de telecomunicaciones.

El valor de los pliegos varían según la cantidad de habitantes de la zona donde se pida permiso para operar. Los precios van desde los $1.000 para poblaciones de menos de 3.000 habitantes a $100.000 para ciudades con más de 2.000.000 de personas.

Además, se obliga a los dueños de las nuevas licencias a generar un canal propio de contenidos y de producción local; y prohibe la existencia de cláusulas de exclusividad en relación con la infraestructura de terceros. "Esto da la posibilidad de ir a zonas donde hoy no hay operadoras de cable", sostuvo Esteban Lescano, docente de la cátedra de Derecho de la Información de la UBA.

En principio, habilita a empresas de telecomunicaciones y cooperativas telefónicas a participar también de este mercado. Pero la resolución se dirige al artículo 45 de la actual ley de radiodifusión donde se les prohíbe el ingreso a estos actores. Esto se resolvería con la futura norma de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy en discusión a través de foros públicos. Una vez derogada la actual ley de radiodifusión no habrá restricciones en ese sentido para esos jugadores.

Protección para las operadoras satelitales

La resolución apunta a las operadoras de cable y protege a las empresas que ofrecen servicios de televisión  paga a través de otros vínculos, como los satelitales, justamente porque el texto refiere sólo a los vínculos físicos. De esta manera, los negocios de compañías satelitales como DirecTV y Antina no fueron afectados porque a ellos no les entrará competencia. "El texto señala que, hasta tanto se defina la norma de televisión digital (otro de los puntos que se resolverá este año a nivel oficial) quedan excluidos nuevos trámites de asignación de licencias par servicios complementarios que usen licencias radioeléctricas", concluyó Lescano. 

El Gobierno K en guerra contra Clarín - 3º parte

A propósito de las decisiones de los diversos organismos regulatorios que entienden en materia de telecomunicaciones, uno de los puntos que entran en juego en esta cuestión es lo relativo a las inversiones. Y esto es lo que dicen quienes fueron consultados en este informe (al que le falta una parte más, y termina).

"Lo más relevante de la 275 es el uso de la red de terceros porque implica un cambio regulatorio. Tal como están planteadas las cosas hoy, nadie va a invertir donde hay cableado. Antes, cuando uno pedía una licencia tenía que hacer sí o sí una red nueva. Esto cambia ahora, y permite que los que ya tienen una red puedan abrir, si así quieren, una nueva línea de negocios. Tal vez no todos estén interesados en dar televisión pero sí se cumplirán algunos de los objetivos que surgen de la evolución de las tecnologías, como el servicio de triple play y demás prestaciones asociadas a estas nuevas posibilidades", manifestó Enrique Carrier, especialista del mercado de las telecomunicaciones.

El experto también consideró  que se trata de una medida buena "desde el punto de vista económico y competitivo porque permite entrar a nuevos operadores". Y agregó: "No lo veo como una medida contra Clarín, como sí se advierte en el tema del fútbol, pero sí es una forma de sacudirle la base porque, automáticamente, se generará una red alternativa".

Mientras aún se escuchan ecos sobre la disposición del Comfer y continuó la discusión en Salta y La Plata sobre el texto que remplazará a la ley de radiodifusión, Cablevisión relanzó el martes 14 el canal de TV paga de La Plata con el nombre de "Somos La Plata, Berisso y Ensenada". Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, dijo en el acto que la señal "nos ofrecerá la diversidad de contenidos, de opiniones y de informaciones que muchas veces no llegan por la televisión abierta". Recordó que lo hecho en esa ciudad muestra el compromiso de "seguir invirtiendo a pesar de la crisis. Generando opciones de contenidos locales como este, y también de conectividad como el cablemódem, gracias a la red alternativa de banda ancha que significa el cable. Pero en lugar de incentivar y brindar seguridad jurídica a inversiones que quedan en la Argentina, vemos obstáculos, cambios en las reglas de juego que ponen bajo amenaza lo realizado y en peligro a toda la industria del cable”. 

A finales de 2006, Cablevisión comprometió inversiones superiores a los $600 millones de cara al 2010 para digitalizar y ampliar la cobertura de su red de TV paga. Si bien el grueso de ese volumen ya se desembolsó, ahora estarían en duda aportes futuros. Al menos desde este sector, tal como lo expresó Moltini, y tal como también lo dijo Burzaco. "Se evalúan inversiones, pero el contexto general marca una situación de inseguridad jurídica porque se está buscando limitar a la televisión por cable. El contexto no está favoreciendo ningún tipo de inversiones", aseveró el presidente de la ATVC.

Las empresas de telecomunicaciones, los expertos y las cooperativas opinan lo contrario por la simple razón de que el interés de nuevos operadores por dar servicios complementarios alentará  nuevas inversiones, ya sea de proveedores de contenidos, interesados en ingresar en áreas donde sí operan cableros o mejorar las redes físicas para alquilárselas a terceros. "Sí, traerá nuevas inversiones. Hay quienes creen que es un negocio tener la red pero se necesitan contenidos con un marco para poder transmitirlos", indicó Franco Cecchini, de iPlan.

"La disposición beneficia la entrada de nuevos interesados en obtener la licencia. Y genera competitividad, pero no en todos los sectores en los que debería haber. Es necesario modificar la ley de radiodifusión porque al remitir esta resolución al artículo 45 de esa norma se sigue excluyendo a interesados en tener la licencia. El reglamento y la oportunidad es buena y alumbra un poco lo que pueda pasar a futuro pero puede ser mejor siempre que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual sea también mejorado en esta etapa de discusión", resaltó Esteban Lescano, abogado especializado en telecomunicaciones.

Cuando se le consultó a Burzaco si la posibilidad de alquilar la red que poseen los cableros no podría ser una oportunidad de negocio contestó con ironía: "Mi negocio es tener equipamiento y dar servicios a los abonados porque no tengo redes ociosas, como sí las tienen las telefónicas. No tenemos redes ociosas porque no podemos darnos ese lujo, sólo pueden dárselo quienes poseen un monopolio".

Y aquí arranca una vez más la eterna discusión: la del monopolio de las telefónicas contra el monopolio de Clarín. "Hasta esta resolución, el mercado de TV paga ha estado cerrado de hecho, pero no con una regulación como en el caso de las empresas de telecomunicaciones donde existe una ley que les impide dar radiodifusión", consideró Enrique Carrier. 

"Clarín no permite el desarrollo de otros contenidos y si seguimos así vamos a tener a Tinelli hasta el 2060, y no porque tenga algo contra Tinelli. Necesitamos desarrollar contenidos propios porque si no hasta nuestros nietos van a seguir viendo a El Chavo. Es necesario que más manos hagan más contenidos por el bien de nuestra civilidad", sostuvo Cecchini. 

"La apertura del juego a  más licenciatarios y la producción de contenidos locales son los dos puntos positivos de las iniciativas. Pero los aspectos negativos tienen que ver con que las condiciones de acceso que se ofrece a las empresas de telecomunicaciones no aseguran que vaya a haber competitividad. Y además establece requisitos que se vienen incumpliendo desde que Telefónica y Telecom son telefónicas. La ley, tal como está planteada hasta ahora, no tiene efectos sobre el sector de las telecomunicaciones y continúa dividiendo a ese mundo con el de la radiodifusión. De modo que si las condiciones que se les imponen son escasas y está claro que ya abusan de una posición dominante podrían continuar haciéndolo si no se toman las decisiones necesarias", advirtió Lescano, del estudio Lescano & Etcheverry.

"Acá no se trata ni de estar con las operadoras de telefonía ni de estar con Clarín, porque Clarín ha hecho cosas peores que lo que la hecho las empresas de telecomunicaciones. Así que esta resolución es bienvenida", coinciden, por lo bajo, diversas fuentes del mercado que, llegado un punto, prefieren el off the record. Lo interesante del tema es que, pese a que los distintos actores consultados no son precisamente oficialistas ni partidarios de las formas del gobierno de los Kirchner, sí han recibido con buenos ojos tanto el anteproyecto de ley que remplazará a la de radiodifusión como la resolución del Comfer. Claro que todos coinciden en que es necesario mejorarla, pulirla. De lo contrario se incurrirían en errores que, lejos de querer ampliar las posibilidades del mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, podrían terminar con la libertad de un sector clave de una democracia.

El Gobierno K en guerra contra Clarin - 2 parte

Todo indica que esta disposición, sumado a lo que finalmente se plasme en la ley que remplace a la actual normativa de radiodifusión, permitirá que se abran diversos negocios en el mercado de las telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión, como el triple play, la posibilidad de dar servicios de televisión o similares a través de otras opciones tecnológicas, inclusive del celular, entre otras prestaciones. Se trata de servicios que no sólo han estado vedados a las principales operadoras de telefonía del país, como Telefónica y Telecom, sino también a las llamadas entrantes, como iPlan, Telmex, Global Crossing, Silica Networks, y Metrotel, entre otras, sin olvidar a las cooperativas de telecomunicaciones que vienen haciendo reclamos en este sentido desde hace años. El negocio de la televisión en todas sus variantes, desde la TV paga hasta el fútbol, pasando por una amplia variedad de contenidos que circulan por sus redes representan el corazón del Grupo Clarín. Abrir la competencia en esos ámbitos supone una jugada agresiva de parte del Gobierno, aún cuando algunas cosas que se están planteando no parecen ir a atacarlo de manera directa pese a que lo afectarán, y mucho, en el futuro.

"Es muy bueno que el Comfer haya emitido una resolución de este tipo porque destraba la venta de pliegos, suspendida desde el año 2000, y es positivo porque habilita una mayor pluralidad de medios. Además, es importante porque el Comfer firma esta disposición en cumplimiento de una sentencia de la Cámara Federal de Córdoba, que ordenó al  Comfer a permitir la venta de pliegos para autorizar a nuevos jugadores a participar del mercado de TV paga", dijo Esteban Lescano, socio del estudio Lescano & Etcheverry, especializado en telecomunicaciones y radiodifusión. 

A principios de los años 2000, la cooperativa telefónica de Villa El Totoral presentó una acción contra la no venta de pliegos porque entendía que esa decisión restringía sus derechos. Tras su evaluación, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar a la presentación de la cooperativa y ordenó al Comfer a expedirse en tal sentido. "La nueva reglamentación, que responde a una orden judicial, es buena aunque puede ser mejorable", apuntó Lescano, quien también es profesor de la cátedra de Derecho de la Información de la UBA.

El mismo ex presidente Néstor Kirchner, un día después de la resolución, se refirió a la movida oficial en torno a la ley de radiodifusión en uno de sus habituales actos populares, esta vez, en el Sindicato de Luz y Fuerza de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Allí, defendió el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que hizo público su esposa el 18 de marzo pasado en el Teatro Argentino de La Plata. Y destacó que es necesario modificar la ley de radiodifusión porque "en una sociedad democrática es absurdo que dos o tres grupos económicos puedan manejar la información de toda la Argentina". Claro que olvidó que él fue uno de los responsables de que esta situación sea así. También vociferó que el Gobierno pretenden que "haya un acceso democrático y plural a los medios para que todos puedan hablar y digan lo que piensan, no que lo hagan solamente unos pocos, que hablan mal cuando no les dan los intereses que ellos quieren y hablan bien cuando se hace lo que pretenden".

"Estamos de acuerdo con la resolución del Comfer y con la discusión del proyecto de la nueva ley de radiodifusión. La norma de hoy es anacrónica y es necesario tener un nuevo marco regulatorio porque tenemos una ley de la dictadura, un reglamento que es del gobierno de (Carlos) Menem, un decreto de (Henoch) Aguiar, y la inacción del Gobierno de los Kirchner, y en el medio han ocurrido una serie de cambios tecnológicos muy fuertes que se deben contemplar. Por eso, en esta Macedonia extraña saludamos que haya un anteproyecto de ley en la que, además, se incluya el entretenimiento", expresó Franco Cecchini, director de operaciones y prestadores de iPlan, una de las empresas de telecomunicaciones que comenzó a operar en 1999, en momentos en que se abría el mercado. La compañía elevó su propuesta al Comfer hace tres años, cuando comenzó la discusión vinculada con la reapertura del mercado de TV paga.

La movida realizada por el organismo estatal el lunes pasado es entendida como otro golpe bajo al imperio Clarín, aunque el origen de esta disposición provenga de una época donde la relación entre el grupo multimedios y el Gobierno era buena. Pero es innegable que la lectura que hoy tiene tal resolución apunta hacia el mismo objetivo, especialmente porque se da en el marco de la discusión de una ley a la que Néstor Kirchner alude cuando tiene oportunidad.

"No creemos que esta decisión sea un golpe para Clarín.  Han tenido grandes ventajas pues ya tiene un monopolio de hecho, y hasta ahora nadie le dijo que hiciera nada con esa situación. Es más, creemos que el Gobierno no está actuando con la suficiente justicia porque no está uniendo redes en el país. El norte es para una empresa (Telecom), el sur es para otra (Telefónica), la región andina es para un tercero (Supercanal, del empresario Daniel Vila), y el centro y el este para otro diferente (Cablevisión-Multicanal). Tanto Telefónica como Telecom también son monopolio por cantidad de clientes y porque durante diez años instalaron redes sin tener nada de competencia. Pero un monopolio de hecho como el del Grupo Clarín que brinda un servicio que no es público, como la televisión paga, es más peligroso aún", añadió Cecchini. 

¿Por qué es más peligroso si no es un servicio público?, preguntó GENERACION A. "Porque no dan licencias a nuevos interesados ya sea para dar radiodifusión o para brindar contenidos.  Y porque Clarín es el que tiene la red de cable y contenidos más importante de la Argentina por el sólo hecho de dar fútbol sin un marco de competencia. Clarín es el más monopólico de todos los actores del mercado de las telecomunicaciones", opinó el directivo de iPlan. A través de sus empresas de cable, el multimedios ofrece servicios de banda ancha e internet, y continúa realizando pruebas para intentar relanzar los servicios de telefonía por internet a fin de este 2009. Hace más de un año, Clarín cerró Vontel, su empresa de telefonía IP por problemas técnicos que, ahora, buscará resolver para poder explotar el negocio de la telefonía y completar su oferta de triple play.

"Da la sensación de que sea un golpe a Clarín pero, en verdad, el Comfer ha regularizado una situación irregular que es, justamente, abrir la posibilidad de que entren nuevos prestadores. En realidad, es difícil hacer una lectura de los actos de Gobierno", sostuvo Darío Oliver, presidente de la Cámara de Cooperativas Telefónicas (CATEL).

Las cooperativas de telecomunicaciones vienen reclamando desde hace años la posibilidad de dar otros servicios más allá de la telefonía fija e internet porque el primero está estancado, y la única manera de incrementar sus ingresos es a través de los celulares y la televisión. Y si bien la disposición del Comfer surge por una orden judicial que respondió a un reclamo de una cooperativa, la 275 no termina de abrirle el mercado a las cooperativas tal como ellas lo solicitan. "No hemos visto plasmada nuestra propuesta en la resolución. Si bien es positiva porque vuelven a abrir el pedido de licencias a las cooperativas no nos cambia mucho la situación porque el artículo 45 de la ley de radiodifusión sigue vigente y es el que nos impide dar televisión", añadió Oliver.

Sucede que, pese a que la resolución abre el mercado, mientras continúe vigente la actual ley de radiodifusión, ni las telefónicas incumbentes, es decir, Telefónica y Telecom, ni las cooperativas podrán dar televisión porque brindan un servicio público, el de la telefonía básica. Por eso, casualidad o no, la firma de esta disposición en este momento se vincula fuertemente con el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. En principio, porque viene a resolver cuestiones que no se contemplaron en ese texto, como las referidas a las inversiones y el uso de la infraestructura de red ya extendida. Texto que, se prevé, elimine estas restricciones para que tanto las telefónicas como las cooperativas puedan dar servicios de radiodifusión y otros complementarios y sobre los que hoy tienen impedimentos.

El Gobierno K en guerra contra Clarín - !º parte

La pelea que lleva adelante el Gobierno con el Grupo Clarín es cada vez más fuerte. Casualidad o no, en el último mes la administración Kirchner puso en marcha un par de medidas que apuntan a mellar varios de los negocios que el holding lidera en el país. Hace exactamente un mes la presidenta dio a conocer el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que apunta a remplazar la Ley de Radiodifusión, vigente desde la dictadura, y que buscará menguar el poder que los dueños del Gran Diario Argentino tienen en el negocio del fútbol, de la televisión y los contenidos. Discusión que hoy se lleva adelante en distintas provincias del país con el objetivo de llevar un proyecto de ley definitivo al Congreso en mayo próximo. A esto se suma la decisión del Comfer del último lunes que, en primera instancia, busca reabrir el mercado de licencias de televisión paga, negocio en el que Clarín es claro dominante a través de Cablevisión y Multicanal.

El "¿Qué te pasa Clarín?" que vociferó Néstor Kirchner semanas atrás en un acto político parece resonar cada vez que se conoce una nueva decisión oficial. En el Grupo están de los pelos, y aseguran que lo que se pretende con la futura ley que remplace a la de radiodifusión será coartar la libertad de expresión. Lo cierto es que, más allá de que en el anteproyecto hay puntos que hacen dudar sobre si este Gobierno quiere realmente preservar la libertad de opinión -especialmente cuando es un activo comprador de medios de comunicación a través de testaferros y/o personajes de dudosa reputación empresaria-, hay otras cuestiones que son bienvenidas por los distintos actores del mercado de telecomunicaciones y del mundo académico porque consideran ya no sólo que es tiempo de tener una ley nueva que contemple las innovaciones tecnológicas que han modificado el negocio de raíz sino porque ya no es posible sostener una ley que viene de la época de la dictadura.

Y la resolución 275/09 del Comité Federal de Radiodifusión del pasado lunes ha sido bien recibida por una parte importante de la industria. ¿Qué es lo que dice el texto? Básicamente, abre el mercado de televisión paga, dominado por Cablevisión-Multicanal, posibilidad suspendida desde hace 9 años. A partir de ahora, es posible que interesados en dar este servicio puedan hacerlo tras solicitar la autorización correspondiente, pero además no tendrán la exigencia de hacerlo con una red propia sino que podrán alquilar la infraestructura de terceros. 

La disposición habilita la posibilidad de dar servicios complementarios, es decir, servicios de radiodifusión de carácter oneroso como un circuito cerrado de televisión. Así, si el líder de la CGT, Hugo Moyano, quiere tener un canal en el que dar a conocer la actualidad sindical, podrá hacerlo alquilándole a una empresa dueña de una red esa infraestructura para ofrecer su prestación. Antes, no podía hacerlo porque la ley le exigía sí o sí que invirtiera en una red propia para cumplir con esta intención.

Por eso se interpreta que la decisión del Comfer ataca en forma directa al Grupo Clarín, aunque tal vez no haya sido emitida con tal intención. Sucede que Cablevisión-Multicanal es la empresa más grande TV paga de la Argentina, con casi el 51% de participación de mercado equivalentes a algo más de 3,1 millones de clientes a finales de 2008, según datos la consultora Signals Telecom Consulting. En el país hay más de 6,2 millones de abonados a la televisión paga, siendo el índice más alto de penetración de este servicio en América latina.

Aunque Cablevisión no habló del asunto sí lo hizo la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a las cableoperadoras del país, que no recibió bien la decisión por considerar que "establece beneficios indebidos y condiciones discriminatorias que atentan contra una industria con más de cuarenta años de inversión a riesgo", sostuvo a través de un comunicado. También notó que en el texto de la resolución en cuestión "se consignan falsedades, como el hecho de que ATVC convalidó este proceso". Walter Burzaco, presidente de la ATVC, explicó que el ex interventor del Comfer "Julio Bárbaro realizó una convocatoria en 2006 para dar licencias en lugares donde no había cable. Dimos nuestra opinión y vertimos nuestras consideraciones que ahora fueron tomadas como si validáramos la apertura indiscriminada, aún a favor de las telefónicas. No estamos de acuerdo con que dejen entrar a empresas de servicios públicos con redes en el negocio de la radiodifusión. Porque a nosotros nos obligaron a invertir en redes y ahora los próximos prestadores que vengan podrán usar la infraestructura de terceros sin invertir un peso. Queremos un negocio equilibrado". 

Sin embargo, empresas de telecomunicaciones, cooperativas telefónicas, académicos y especialistas del sector la vieron, en general, con buenos ojos, aunque lo dispuesto no satisfizo a todos por igual. 

El Comfer abre el mercado de televisión paga

La resolución es de ayer y varios medios electrónicos dieron cuenta de ello. Pero sucede que los diarios Clarín y La Nación no pusieron ni una línea sobre el asunto, líneas que sí escribió El Cronista hoy a partir de un cable de la agencia Télam. Cómo pasó de inadvertido el asunto que en la reunión de hoy de Cicomra, la cámara que nuclea a las empresas de telecomunicaciones, sus máximos exponentes no tenían la más pálida idea de la resolución 275/09 del Comfer.

¿Y de qué trata el asunto? Pues de nada menos que de la apertura del mercado de televisión paga, que estaba cerrado desde el año 2000. A partir de esta decisión, que en verdad venía desde el año 2006 y que no salió en ese momento porque hubo errores técnicos por decirlo de algún modo, es posible que interesados en dar televisión paga puedan hacerlo sin la obligación de construir una red propia sino alquilando la de terceros, que en algunos puntos del país abunda, aunque en otros escasea y bastante.

La resolución no habla de tecnologías de modo que si, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones quiere dar servicios complementarios, como por ejemplo, televisión, podría darlo previo a contar con una licencia pertinente. Y también esa misma compañía podría alquilarle esa red a terceros interesados siempre que cuenten con el permiso correspondiente. Lo mismo podría ocurrir para los propietarios de una red de televisión por cable.

A esto hay que sumar que está prohibido cualquier tipo de exclusividad respecto a la utilización de infraestructura de terceros. En otras palabras, cualquier compañía dueña de una red puede alquilársela a cualquier otra empresa interesada en dar servicios complementarios, como por ejemplo, televisión. Así, por ejemplo, si a la CGT le dan ganas de dar servicios de telecomunicaciones o de valor como los que se están contemplando en el proyecto de ley de servicios audiovisuales ya no tiene la obligación de invertir en su propia infraestructura de red para hacerlo, pues podrá rentarle la red a terceros. Antes de esta resolución, cualquiera que quisiera dar servicios de este tipo tenía que construir sí o sí su propia infraestructura.

Los pliegos para hacerse de una licencia de este tipo varían de precio según la cantidad de habitantes que vivan en cada localidad. Así, para obtener una licencia en una zona de menos de 3.000 personas, el pliego costará $1.000 mientras que ese valor subirá hasta los $100.000 cuando se trate de áreas pobladas por más de 2 millones de habitantes.

Todo esto está vinculado, como se advierte, con el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales, que hoy suma el capítulo  de debate en Salta. Todo indica que, tal como están las cosas, esta normativa, junto con la última resolución del Comfer, permitirán que el proyecto de ley presentado por la presidenta Cristina Fernández hace casi un mes entre en el Congreso en mayo próximo, tal como aseguró hace unos días la diputada del Frente para la Victoria, Patricia Vaca Narvaja.

Día clave para el presente y el futuro de las telecomunicaciones en el país

Sin querer, hoy es un día clave para internet, las telecomunicaciones, los medios y nosotros, argentinos usuarios de diversas tecnologías para estar en contacto cotidiano, trabajar, estudiar,

 entretenerse. Por un lado, hoy la presidenta Cristina Kirchner dará a conocer el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales , que apunta a remplazar la Ley de Radiodifusión que data de la época de la dictadura. Por el otro, decenas de miles de usuarios de Facebook en la Argentina convocaron a través de esta red social a una marcha para reclamar por la falta de seguridad que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo en Capital Federal pero que se repetirá -o al menos es la intención- en otras ciudades del país.

En ambos casos estamos frente a dos fenómenos presentes y futuros: lo que surja de la futura ley, que podría llevar el nombre de Servicios de Comunicación Audiovisual, será definitorio para el mercado y, por ende, para las formas en que consumiremos diversos contenidos multimediales a futuro; la convocatoria que finalmente se logre en la protesta de hoy y 

lo que pueda traer como consecuencia pondrá sobre la mesa el poder real que podrían darle los ciudadanos a las herramientas tecnológicas y gratuitas que tienen a su disposición.

Vamos por partes:

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual será presentado hoy en el Teatro Argentino de La Plata, por la jefa de Estado Fernández de Kirchner. Es el mismo escenario en el que lanzó su candidatura a presidenta. En un Gobierno donde los simbolismos pululan por doquier, tal vez habría que pensar que la oficialización de la iniciativa apunta a que desde las más altas esferas oficiales se está dispuesto a dar batalla y a ganar. 

Es positivo que se discuta una nueva ley de medios, primero porque de una vez hay que cambiar una norma que se impuso durante el último gobierno de facto; segundo, porque las asimetrías existen en el mercado de medios; y tercero porque las nuevas tecnologías están provocando cambios muy grandes en la producción, distribución y consumo de los medios. Lo lamentable es que se va a dar en el marco de una pelea con el Grupo Clarín, pelea cuyo origen se desconoce pero que evidencia que, en algún momento, el grupo de medios y el de poder K no se pusieron de acuerdo en algo (¿un negocio?) y comenzó la batalla. Hay que recordar que al principio de la gestión K el Grupo Clarín fue muy afin a las políticas y decisiones puestas en marcha.

La futura ley podría contemplar reclamos que se escucharon en los últimos años de parte de diversos sectores: la posibilidad de dar televisión por parte de las telefónicas, opción que hoy les está vedada por la ley vigente; el ingreso de otros grupos a la industria, desde ONG hasta cooperativas (que son las que, por ejemplo, quieren dar telefonía móvil a través de las frecuencias  que devolvió Telefónica luego de la fusión Unifón-Movicom). La apertura del mercado siempre se advierte como positiva porque implica mayor competencia pero para que esto se cumpla efectivamente es necesario que haya un regulador fuerte. ¿Será posible tener un fiscalizador así en este país con una Secretaría de Comunicaciones silenciosa?

También se dice que se podrían reducir la cantidad de licencias de medios de 24 a

 12, que está muy bien para evitar cualquier monopolio de lo que sea. El tema será qué características tendrán esas 12 que quedan, porque por más que se tengan menos permiso las situaciones dominantes se pueden mantener.

Otro punto es la definición de la TV digital, que ya se anticipó en este blog. Todo indica que el Estado adoptará, finalmente, la japonesa ISDB tal como lo hizo Brasil, que aggiornó la norma a su necesidad. Si es así, será posible ver televisión en los celulares. Pero lo más importante de la definición, más allá del estándar elegido, es que en vez de cuatro canales abiertos cada una de esas señales se podrá comprimir y por la misma frecuencia se podrán enviar cuatro señales. Así, en Capital, en vez de cuatro canales de TV libre se verán 16.

Lo que surja de la ley será definitorio en la industria de medios y telecomunicaciones, en el poder que gane o pierda cada grupo o empresa involucrada, y en la manera en como podremos consumir servicios y contenidos a futuro. Será definitorio en los precios que paguemos porque será decisivo el rol que cumpla, o no, el regulador involucrado. Es decir, hoy no es cualquier día para el futuro en esta materia.

La convocatoria para reclamar hoy por más seguridad en el país arrancó en Facebook. Un grupo de amigos preocupados por el tema decidieron ocuparse de algo. Sin banderías políticas, armaron un grupo en esta red social y llamaron a juntar voluntades hoy a las 18 en Plaza de Mayo. Hasta el cierre de este post, los miembros adherentes a la movida sumaban más de 102.000 personas, en todoel país, que prometen participar de las cerca de 56 plazas que se concentrarán.

En primer lugar, habrá que ver cuánta gente va realmente a cada punto de reunión. Ahí se verá si la red social sirve efectivamente para movilizar. Como primera iniciativa hecha desde un lugar así será interesante analizar lo que suceda.

En segundo lugar, toda esa gente aunada, preocupada, ¿se ocupará de algo? ¿Es posible pensar que de allí salga una propuesta, gente que se comprometa más con su comunidad? Tal vez hayan más interrogantes a plantear. Esto lo dirá el tiempo.

Lo cierto es que hoy, 18 de marzo, será un día crucial para las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones y lo que podamos hacer con ellas en el futuro. En unos días veremos si es posible realizar los primeros análisis o todo quedó en nada.

Y se viene, se viene, la nueva ley de ... ¿medios audiovisuales? ¿telecomunicaciones? ¿radiodifusión?

Parece que se viene nomás la discusión por la propiedad, manejo, contenidos, alquiler y demás cuestiones vinculadas con las nuevas tecnologías de comunicaciones vinculadas a los medios de comunicación. La presidenta Cristina Fernández anticipó que el miércoles próximo en La Plata comenzará un debate público sobre la futura Ley de Medios Audiovisuales.

La intención de la presidenta es que la normativa se discuta en la mayor cantidad de foros públicos posibles, a fin de obtener una amplia representatividad de los intereses que se ven afectados en la misma. En ese sentido, manifestó la intención de que se contemple la existencia de las nuevas tecnologías de la

 información y las comunicaciones y los efectos que sobre los medios provocan, para que ese aspecto no quede de lado en la futura ley. Justamente, el avance de las nuevas tecnologías está provocando no sólo cambios en el consumo de la información y el entretenimiento sino, sobre todo, en la forma de distribuirlo. Los alcances que pudiera tener en ese sentido la futura ley podría provocar fuertes cambios en el mercado de medios actual. Todo esto debe entenderse en el marco de la fuerte pelea que mantiene el Gobierno con el Grupo Clarín.

El proyecto de ley habría sido discutido la semana pasada entre la jefa de Estado y represantes de Carta Abierta, un grupo de intelectuales de diversa ideología política que apoya al Gobierno K, según indicó la publicación electrónica Convergencia. Y hoy habría tenido una nueva ronda de discusión entre Cristina Fernández y Gabriel Mariotto, interventor del Comfer, de acuerdo a un cable de la agencia DyN.

Justamente, en diciembre de 2008 la Comisión de Medios Audiovisuales publicó en Carta Abierta un documento en el que se alude a los problemas de comunicación que suele tener la actual administración nacional. Si bien aquí no se va a ahondar en ese detalle, hay que destacar que en el apartado referido a "Los soportes" el texto señala: "El abismo tecnológico hace imposible describir el fenómeno de los medios como "la relación homóloga interpares" que propone Antonio Pasquali. Es más bien una suerte de compulsa desigual que Umberto Eco analoga con la lucha de clases en la que todos somos proletarios comunicacionales. Y cada vez más dependientes, si reconocemos la inexorable, indetenible e inminente convergencia de los soportes tecnológicos. Televisión, computadora personal y teléfono comparten dispositivos. Las derivas futuras no son tan impensables como novedades científicas sino como nuevos usos y apropiaciones del medio. Por lo tanto, la ley deberá garantizar la distribución equitativa y la implementación de las nuevas tecnologías".

El texto es mucho más amplio. Quienes tengan interés, pueden verlo desde aquí. Lo cierto es que el tema parece venir ya de una vez, y fuerte. Está muy bien que haya una nueva ley que contemple los avances y demás. Habrá que ver de qué manera el Ejecutivo toma el tema y si realmente la legislación se hace para que haya más equidad en esta temática ... o la balanza se incline para el lado que convenga coyunturalmente.

En la futura ley de radiodifusión se definiría la norma de TV digital

El 2008 dejó varios temas pendientes para el sector de las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, tales como una definición concreta del Fondo de Servicio Universal (que la semana pasada tuvo un nuevo capítulo que evaluaremos más adelante); una nueva ley de radiodifusión (o como quiera que se llame teniendo en cuenta que esa denominación corresponde a una normativa de la época de la dictadura); una de telecomunicaciones (¿estará incluida en la anterior?); la aprobación -o  no- del ingreso de Telefónica en el capital accionario de Telecom Argentina a través de Telecom Italia, su controlante; y la norma de TV digital, que permitiría, más allá de tener mejor imagen y sonido en la pantalla, ampliar la cantidad de señales abiertas de televisión.

Como en febrero los legisladores nacionales van a volver a trabajar, se espera que la ley de radiodifusión sea uno de los temas sobre los que se ponga especial atención. La intención manifestada por el Gobierno es que con esa normativa se garantice la "pluralidad informativa", algo que cuesta creer cuando es hoy es el más activo comprador de medios en el país con la consiguiente bajada de línea que eso implica. Sólo para repasar, el Gobierno actual controla a través de terceros amigos los siguientes medios: los diarios BAE, Buenos Aires Herald, Página 12, Ambito Financiero, El Argentino, Diagonales (La Plata); las radios del Plata, 10, y va por América (le faltan unos pocos días para terminar de poner el dinero necesario); las revistas Veintitrés y Siete Días y medios de diversas provincias, sin olvidar a Canal 7 y el buen acuerdo de negocios que mantiene con C5N en el que también participa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de este detalle, en la industria se estima que cuando se defina el texto de la futura ley de radiodifusión se incluya la norma de TV digital que adopte el país y hasta ahora, todo indicaría, que la balanza se inclinaría a favor de la japonesa ISDB, tal como la propia presidenta Cristina Fernández dejó traslucir el año pasado durante su gira por Brasil.  Si bien el lobby de los otros grupos económicos que se encuentran detrás de las otras dos normas, la europea DVB, y la norteamericana ATSC son fuertes por ahora todo continuaría a favor de la nipona. Será cuestión de esperar. Pero parece que la futura ley de radiodifusión será la que establezca qué estandar de TV digital regirá en la Argentina en los próximos tiempos.