El Gobierno K en guerra contra Clarín - 4º parte (final)

Entre tanta pelea originada desde el corazón mismo del Gobierno, las cámaras que nuclean a las empresas tratan de definir sus posturas sin querer entrar en choque con las más altas esferas administrativas para prevenir nuevos ataques al sector o a alguno de sus integrantes. Sus más altos directivos lo expresan de la siguiente manera.

"No tenemos una posición específica aún sobre la última resolución del Comfer, la estamos evaluando. Pero entendemos que el avance de la tecnología y la digitalización de las redes merece que se evalúa el  marco regulatorio para que puedan darse múltiples servicios con el objetivo de que el usuario tenga más opciones y beneficios", dijo Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), que nuclea a las principales empresas de telecomunicaciones, entre ellas a Telefónica y Telecom.

El directivo insistió que "la situación del mercado merece que se revea el marco regulatorio en función de las nuevas posibilidades tecnológicas, como el triple play. Por ello es necesario que haya más competencia y más oferta de servicios púbicos. Respecto al anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual el proyecto en sí mismo encierra uno de estos aspectos, y desde la Cámara hicimos un aporte que ahora requerirá un estudio más extenso".

La publicación de la resolución 275/2009 fue sorpresiva para el mercado de las telecomunicaciones en general. Tanto, que en la última reunión de CICOMRA de esta semana, los representantes de Telefónica y Telecom no estaban al tanto del texto cuando otros colegas tiraron el tema sobre la mesa.

Puntos salientes de la resolución 275/09

La resolución  275/2009 del Comfer permite adjudiar, ampliar, extender y habilitar licencias para servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico, es decir, el cable de las cableoperadoras o la fibra óptica de las empresas de telecomunicaciones.

El valor de los pliegos varían según la cantidad de habitantes de la zona donde se pida permiso para operar. Los precios van desde los $1.000 para poblaciones de menos de 3.000 habitantes a $100.000 para ciudades con más de 2.000.000 de personas.

Además, se obliga a los dueños de las nuevas licencias a generar un canal propio de contenidos y de producción local; y prohibe la existencia de cláusulas de exclusividad en relación con la infraestructura de terceros. "Esto da la posibilidad de ir a zonas donde hoy no hay operadoras de cable", sostuvo Esteban Lescano, docente de la cátedra de Derecho de la Información de la UBA.

En principio, habilita a empresas de telecomunicaciones y cooperativas telefónicas a participar también de este mercado. Pero la resolución se dirige al artículo 45 de la actual ley de radiodifusión donde se les prohíbe el ingreso a estos actores. Esto se resolvería con la futura norma de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy en discusión a través de foros públicos. Una vez derogada la actual ley de radiodifusión no habrá restricciones en ese sentido para esos jugadores.

Protección para las operadoras satelitales

La resolución apunta a las operadoras de cable y protege a las empresas que ofrecen servicios de televisión  paga a través de otros vínculos, como los satelitales, justamente porque el texto refiere sólo a los vínculos físicos. De esta manera, los negocios de compañías satelitales como DirecTV y Antina no fueron afectados porque a ellos no les entrará competencia. "El texto señala que, hasta tanto se defina la norma de televisión digital (otro de los puntos que se resolverá este año a nivel oficial) quedan excluidos nuevos trámites de asignación de licencias par servicios complementarios que usen licencias radioeléctricas", concluyó Lescano.