El Gobierno nacional quiere tener su propia operadora de televisión satelital, gratuita, para distribuir señales educativas, culturales e informativas. Lo hará a través de Sistema Nacional de Medios Públicos, la sociedad del Estado creada en el año 2001 que administra los estatales canal 7 y Radio Nacional y que, al igual que esta nueva disposición, se ampara en la ley 22.285 de Radiodifusión, dispuesta por la dictadura, y que este mismo Gobierno quiere derogar a través de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La decisión se hizo saber hoy a través del Boletín Oficial. Por medio del decreto 943/2009, el Estado autorizó al "Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a la instalación, funcionamiento y operación de un Sistema de Televisión Satelital a nivel nacional con un paquete de señales educativas, culturales e informativas". La intención es llegar con un paquete "reducido" a "las personas y regiones menos desarrolladas del país".
La transmisión de las señales se hará a través del satélite AMC-6 (longitud orbital 72° oeste) y la programación se subirá a través del Telepuerto que la empresa satelital estatal ARSAT posee en Benavídez.
Entre los fundamentos para tomar la decisión se indicó que "la utilización de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación con fines educativos puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una distribución más democrática del saber". Y también que "la existencia de medios públicos de comunicación, generadores de contenidos alternativos de calidad alternativos a los privados se erige en la actualidad como un derecho colectivo de la ciudadanía".
En principio, no se podrían cuestionar estos fundamentos porque está claro que el acceso a la información debe estar disponible para todos los habitantes del país y que es el Estado el que debe garantizarlo. Y también está claro que el satélite es la tecnología que permite llegar a los lugares más difíciles de abordar por su geografía. Pero lo curioso es que, pese a que se cuestionan en los mismos fundamentos determinados aspectos de la ley 22.285 de Radiodifusión por haber sido creada en el última dictadura y tener limitaciones severas, se ampara en esa misma normativa para dar curso a esta disposición.
Lo cierto es que el Gobierno quiere tener más recursos a su disposición para llegar con sus contenidos al grueso de la población. Aunque hay que recordar que ya tiene suficientes: si uno se pone a pensar en todos los medios radiales, televisivos y gráficos que administra a través de la pauta oficial, o porque sus dueños son amigos del poder de turno, no parecería necesitar más. Pero bueno, así se ha decidido, pese a que en el decreto no hay fechas ni plazos.
Entradas
1 Comentário:
Me parece una excelente iniciativa, la aplaudo. El tema de que se mantenga aún la ley de radiodifusión impartida por la dictadura tiene que ver con que hay muchas presiones por no derogarla, se trata de un negocio (el de los multimedios) que reporta mucho dinero y en el cual la concentración ha llegado a límites impensables. Me parece que esta iniciativa, lo que intenta es tener un margen de maniobra y empezar a hacer algo, aún con una ley que beneficia a los grandes grupos económicos. ¿Si va a haber publicidad oficial? Sí, seguramente. Pero, ¿quién no lo haría? Si al fin y al cabo, si se logra ese canal es gracias a la iniciativa oficial, un poco de marketing mezclado con propaganda oficial. Saludos,
Publicar un comentario