El blog de Andrea Catalano

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El Gobierno cuestiona orden de la Justicia para que se ponga en marcha la portabilidad numérica

El Gobierno comienza a pensar en las medidas que tomará para celebrar el Bicentenario de la República. Queda en el recuerdo el Pacto Social y tanta perorata en ese sentido. Pero parece que aparecen cuestiones del mundo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que les interesan para mostrar las lindas cosas que han hecho cuando se llegue a las celebraciones de 2010. Una de ellas es la referida a la portabilidad numérica, es decir, la posibilidad de que cada usuario sea dueño de su número de teléfono sin importar el operador que le dá el servicio. Hace unos meses, la Justicia intimó al Gobierno -a través de la Secretaría de Comunicaciones- a definir la cuestión en el término de 90 días. Pero el Gobierno -que está trabajando denodadamente en la redacción de un decreto que ponga en marcha el sistema de cara al Bicentenario- presentó un recurso para que la Corte Suprema de Justicia revea la sentencia.

Formlamente, el Poder Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que envíe el expediente a la Corte Suprema y se pronuncie sobre el tema. La Sala V de este tribunal ratificó en julio pasado un fallo de primera instancia que ordenó a la Secom a reglamentar el régimen de portabilidad en un período de 90 días. Argumentó que la falta de reglamentación -que data del año 2000 cuando se abrió el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina a través del decreto 764- significa una "lesión a los derechos constitucionales de los usuarios y los consumidores".
El Ejecutivo contestó que la reglamentación es una decisión de "oportunidad, mérito y conveniencia" de su potestad, y que en ese marco, no el Poder Judicial debe abstenerse de realizar cualquier revisión.
Si la Cámara acepta esta presentación, la causa pasará a la Corte Suprema, que deberá analizar el caso. De lo contrario, el Ejecutivo tendrá una opción más de llegar al máximo tribunal a través de un recurso de queja, según señaló la agencia de noticias DyN.
La portabilidad numérica es alguna de las tantas materias pendientes que quedaron tras la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. La constitución del Fondo de Servicio Universal, dinero aportado por las empresas del sector para llevar las comunicaciones a los sectores menos rentables y menos poblados, es otro tema que no se termina de resolver. Las compañías aportan el 1% de su facturación a una cuenta del Banco Nación y nadie sabe qué se hace con ese dinero. Se estima que supera, con creces, los $350 millones.

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